Uno de los grandes problemas que laceran a la población infantil lo constituye el llamado "síndrome del niño maltratado". El maltrato a los niños no es un mal de la opulencia ni de la carencia, sino un problema social.

        Desde finales del siglo XIX que se fundó, en los Estados Unidos y en Inglaterra, La Sociedad para la Prevención de la Crueldad en los Niños (The Society for the Prevention of Cruelty to Children); se han creado diferentes instituciones internacionales, convenios, programas y acciones a favor del bienestar y protección del niño, de cómo debe ser tratado para disminuir la posibilidad de que sea víctima de la violencia.

        En 1999 el maltrato infantil es considerado por la Organización Mundial de la Salud como un problema de salud pública; se han hecho cambios a las leyes, incluso han incluido los derechos de los niños en los libros de texto. Sin embargo, dichas acciones no han provocado cambio alguno en la forma en que son tratados los niños. Por el contrario, en países pobres como el nuestro, se calcula que aproximadamente 10 millones de niños mexicanos de ocho a 17 años de edad son obligados a trabajar para ayudar a la subsistencia de su familia (y muchas veces son ellos el soporte familiar) o para su propio mantenimiento como individuos independientes; como es el caso de los niños que viven de manera permanente en la vía pública. (Guzmán-Guajardo W, 1994).

        El hecho de que 10 millones de niños trabajen poniendo en riesgo su salud, desarrollo y posibilidad de estudiar, constituye un fenómeno gigantesco de maltrato infantil. A juicio de los estudiosos en el tema, quitar los años de infancia a un niño es el maltrato que más huellas imborrables produce, y esta situación se ha venido dando con la complicidad de toda la sociedad.

        Más del 50% de los menores que trabajan en México lo hace asociado al mundo de la calle. Ya sea que sólo transiten por ella camino a su trabajo, cumpliendo con su empleo (repartidores de farmacias, pizzerías, comida a domicilio) o viviendo directamente de ella (vendedores callejeros, payasitos y magos en los semáforos, lavacarros y cuidacarros, "ayudantes" de todo tipo, etc) estos niños y niñas están expuestos a la violencia, sobre todo la de los adultos; y en especial, a los diversos tipos de autoridades que se supone tienen la responsabilidad de su protección y custodia. (Guzmán-Guajardo W, 1994).

        Hoy en día, las instituciones son las principales violentadoras de la integridad física y psíquica del niño. Sin embargo, hay elementos de complicidad presentes en toda la sociedad de adultos que permiten que esta situación continue.

        El maltrato y el abuso representan apenas la punta del iceberg en el contexto de una situación social y familiar mucho más problemática. La familia que maltrata tiene una configuración específica que responde a presiones psicológicas, sociales y económicas muy diversas.

        La sociedad, por supuesto, tiene una gran responsabilidad a través de la defensa de la violencia, consagra el principio de que la manera más directa de resolver conflictos es la agresión; muchas veces cierra el camino a la explicación, al acuerdo, entre los miembros de la familia, como una alternativa a la resolución de conflictos que se presentan a diario.

        Como profesionales dedicados a la salud infantil, y humanos preocupados por ésta, nos sentimos responsables en mostrar dicha problemática, y no incurrir en lo que han llamado "argumento del silencio". Este argumento consiste en afirmar que, todo aquello que no se dice o que no se escribe significa que no ha existido. Nuestra intención es mostrar, principalmente a los padres, que este fenómeno existe dondequiera que se encuentren niños, y que se cuenta con formas más adecuadas para tratarlos, sin poner en riesgo su integridad física y emocional.

Los editores:
Dra. Ana Silvia Figueroa D.
Dr. O. A. Campbell A.